Uno de los puntos más interesantes de esta regulación es que se basa en los potenciales riesgos del uso de la tecnología y, por lo tanto, «intervendrán cuando sea estrictamente necesario, esto es, cuando estén en juego la seguridad y los derechos fundamentales de los ciudadanos de la Unión Europea».
Una legislación pionera que busca, dicen, «convertir a Europa en el centro mundial de una inteligencia artificial digna de confianza». La idea es que garantice la seguridad y los derechos fundamentales de la ciudadanía y las empresas.
Serán prohibidos los sistemas de inteligencia artificial que se consideren «una clara amenaza para la seguridad, los medios de subsistencia y los derechos de las personas», como los sistemas de «puntuación social» gubernamentales.
El uso de sistemas de identificación biométrica remota, como el reconocimiento facial, estará prohibido en espacios de acceso público con fines policiales.
El Parlamento Europeo y los Estados miembros tendrán que adoptar estas propuestas de la Comisión mediante procedimiento legislativo ordinario.
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